ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE RIESGOS

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Curso: 6°- Ciencias Naturales: Biología – Geografía
Libro: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE RIESGOS
Impreso por: Invitado
Fecha: viernes, 31 de enero de 2025, 00:14

1. *Representación y esquematización cartográfica a escala de la comunidad

*

2. Gestión de riesgos.

LEY DE GESTIÓN DE RIESGOS (LEY 602)

INFORMACIÓN GENERAL

Esta Ley tiene por objeto regular el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos que incluye la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación y la atención de desastres y/o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales. Su finalidad es definir y fortalecer la intervención estatal para la gestión de riesgos, priorizando la protección de la vida y desarrollando la cultura de la prevención con participación de todos los actores y sectores involucrados. Se aplica a las entidades del nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas, instituciones públicas, privadas y personas naturales y/o jurídicas, que intervienen o se relacionan con la gestión de riesgos.

Objetivo o propósito

  • Regular el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos que incluye la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación y la atención de desastres y/o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales.
  •  Definir y fortalecer la intervención estatal para la gestión de riesgos, priorizando la protección de la vida y desarrollando la cultura de la prevención con participación de todos los actores y sectores involucrados.
Alcance

La presente Ley tiene como ámbito de aplicación a las entidades del nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas, instituciones públicas, privadas y personas naturales y/o jurídicas, que intervienen o se relacionan con la gestión de riesgos.

Principios

  • Prioridad en la Protección. Todas las personas que viven y habitan en el territorio nacional tienen prioridad en la protección de la vida, la integridad física y la salud ante la infraestructura socio-productiva y los bienes, frente a riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales.
  • Integralidad. La gestión de riesgos debe desarrollarse a partir de una visión que implica la coordinación y articulación multisectorial, territorial e intercultural.
  • Concurso y Apoyo Obligatorio. Todas las personas, organizaciones y entidades cuyo concurso sea solicitado, deben prestar la cooperación requerida según sus posibilidades. El apoyo en tareas de asistencia y salvataje son obligatorios.
  • Subsidiariedad. Cuando las capacidades técnicas y de recursos de una o varias entidades territoriales autónomas fueren rebasadas, deberán generarse mecanismos de apoyo y soporte, desde el nivel superior en escala hasta llegar al nivel central del Estado.
  • Acción Permanente. La gestión de riesgos es una actividad continua en la que las personas e instituciones deben mantenerse realizando permanentemente acciones de prevención, aplicando las normas que se dicten al efecto, los conocimientos, experiencias e información para la gestión de riesgos.
  • Acceso y Difusión de Información. Las personas tienen derecho a informarse y las entidades públicas la obligación de informar a la población sobre posibilidades de riesgos y ocurrencia de desastres y/o emergencias, así como de las acciones que se ejecutarán.
  • Atención Prioritaria a Poblaciones Vulnerables. La atención frente a desastres y/o emergencias, debe ser preferencial para mujeres gestantes, niñas, niños, adultos mayores, personas en condición de enfermedad inhabilitante y personas con capacidades diferentes.
  • Cultura de la Prevención. La cultura de prevención es el comportamiento racional, permanente y generalizado de la sociedad, caracterizado por la práctica habitual de la acción colectiva anticipada y sistemática para tratar de evitar que los desastres ocurran o caso contrario para mitigar sus efectos, además de reducir las vulnerabilidades
Sobre las obligaciones del gobierno

Los ministerios y las instituciones públicas en materia de gestión de riesgos deben:

  • Incorporar la gestión de riesgos en los planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y planes sectoriales, sean estos en el nivel nacional, departamental, regional, municipal o indígena originario campesino, según corresponda, introduciendo con carácter obligatorio y preferente, acciones y recursos para la gestión de riesgos, con énfasis, en la reducción de riesgos a través de la prevención, mitigación, recuperación y reconstrucción, en el marco de los lineamientos estratégicos y directrices formulados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, como ente rector de la planificación integral del Estado.
  • Proponer y promover mecanismos de transferencia de riesgos, tales como seguros y otros, orientados a minimizar los efectos de las eventuales pérdidas en los sectores productivos, agrícola, pecuario, forestal, vivienda y otros.
  • Incorporar la evaluación de riesgo en sus proyectos de inversión pública de acuerdo a lineamientos e instrumentos establecidos por el ente Rector.
  • El Ministerio de Salud deberá establecer directrices, guías y protocolos para la evaluación de riesgos en materia de salud y la atención médica frente a desastres y/o emergencias, en coordinación con instituciones especializadas en salud de los niveles nacional, departamental y municipal.
  • El Ministerio de Educación, deberá incorporar en la malla curricular del Sistema Educativo Plurinacional, la gestión de riesgos. Asimismo, deberá considerar los efectos de los riesgos en la gestión educativa.
  • El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en materia de gestión de riesgos, deberá: 1.Incorporar la gestión de riesgos en los instrumentos de evaluación y control de la calidad ambiental. 2.Promover la inclusión de la gestión de riesgos dentro de los criterios y los instrumentos de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos y el saneamiento. 3.Incorporar medidas preventivas para la contención de incendios forestales. 4.Por medio de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, integrar el cambio climático como componente transversal de la gestión de riesgos de los diferentes sectores y niveles territoriales, en conformidad a la Ley N° 300 de 15 de octubre de 2012, “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”.
  •  Los ministerios de los sectores estratégicos deberán incorporar la evaluación de riesgos y velar por el cumplimiento de normas expresas, la presente Ley y su reglamento.
Disposiciones financieras

  • El Ministerio de Planificación del Desarrollo debe coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y otros ministerios involucrados, la canalización de cooperación técnica y financiera para la gestión de riesgos.
  • Las entidades del nivel central del Estado, preverán en sus programas operativos anuales y presupuestos, los recursos necesarios para la gestión de riesgos, según lo establecido en sus planes de desarrollo sectorial.
  • Las entidades territoriales autónomas, preverán en sus programas operativos anuales y presupuestos, los recursos necesarios para la gestión de riesgos, según lo establecido en sus planes de desarrollo, planes de emergencia y planes de contingencia.
  •  A través de esta Ley se autoriza al Ministerio de Defensa a constituir el fideicomiso “Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias” - FORADE, con la finalidad de captar y administrar recursos para financiar la gestión de riesgos, en los niveles nacional, departamental, municipal y autonomías indígena originario campesinas en el marco de la presente Ley y conforme a reglamento.





3. Normativa y regulación del cuidado socioambiental

Responsabilidad socio ambiental y de seguridad industrial Sector productivo del país


El Ing. Romero destacó que en el país existen instituciones, como el Ministerio de Minería y Metalurgia en calidad de Organismo Sectorial Competente (OSC), en el ámbito de sus atribuciones y en conformidad a lo dispuesto por el Reglamento General de Gestión Ambiental de la Ley 1333, contemplado en la Constitución Política del Estado, promueven el fortalecimiento y capacitación de los Gobiernos Autónomos Municipales, a través de eventos como el "2do. Taller de Capacitación Normativa y Regulación Minera" realizado en junio de este año para 85 municipios de las 20 provincias del Departamento de La Paz, el mismo que ha estado orientado a la Capacitación y Apoyo Técnico Legal, sobre:

Registro y comercialización de minerales, Registro y control de pago de patentes mineras, Régimen Impositivo Minero, Créditos para cooperativas mineras, Atribuciones y competencias del MMM, MMAyA (AACN), Comibol, Sergeotecmin, Senarecom, Fofim, Agjam, Ademaf, Gadlp, Agua Sustentable, Amdepaz; Legislación Ambiental Minera, Gestión integral de cuencas con actividad minera, con participación de invitados especiales de la UMSA, Sernap, Medmin y otras, orientando el análisis de vital importancia de la actividad minera, y su implicancia en el desarrollo socioeconómico de las regiones y a la vez mostrar los efectos a la salud humana y la valoración de los daños ambientales, del aparato productivo y principalmente del sector minero metalúrgico y su influencia determinante, en la contribución al producto interno bruto y al empleo, en estos últimos años por los expectables precios de minerales y metales en el mercado internacional, que juntamente con las actividades petroleras, constituyen los mayores generadores de divisas aportando decisivamente al desarrollo nacional.

Añadió indicando que el evento tenía como objetivos, capacitar a los participantes a través del selecto equipo multidisciplinario de expositores, para que puedan emplear competencias de una eficiente gestión en sus municipios, acorde a una actividad productiva "ambientalmente sustentable", justo en lo social y con seguridad laboral para prevención de accidentes, como una forma de "vivir trabajando".

• Ley Ambiental 1333 (27/04/92) y sus Reglamentos Generales (D.S. 24176 – 8/12/95)

• Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA)

• Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA)

• Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA)

• Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH)

• Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP)

• Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS)

• Ley Nº 3058 Hidrocarburos (17/05/2008)

• Reglamento Ambiental Sector Hidrocarburos (RASH) (D.S. 24335 – 19/07/06)

• Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes (D.S. 28291 – 11/08/05)

• Reglamento Diseño Construcción Operación Redes de GN (D.S. 28291 – 11/08/05)

• Reglamento de Gas Combustible (D.S. 28311 - 26/08/05)

• Reglamento de Quema de GN (D.S. 28312 – 26/08/05)

• Reglamento Unidades Trabajo para Explotación de Hidrocarburos.

• Reglamento Socioambiental (Consulta Pública).

• Reglamento para Líquidos de Regalías y Participación al T.G.N. por la Producción de Hidrocarburos (D.S. 28222 – 27/06/05)

• Modificaciones y Complementaciones al RASH (D.S. 29595 – 11/06/08).

• Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM) (D.S. 24782 – 31/07/97)

• ley Nº 1777 Código de Minería (17-03-97)

• Ley Nº 1400 Complementación Art. 91º de Ley 1777 (24/07/02)

• Ley Nº 3787 y Ley 843 de Régimen Impositivo Minero (Regalías Mineras)

• Decreto Supremo Nº 24780 de Actualizaciones de RIM Patentes (31/07/97)

• Decreto Supremo Nº 26705 Modificaciones al RGGA y RPCA (10/07/02)

• Decreto Supremo Nº 28499 Modificaciones al RPCA Y AL D.S. Nº 26705 (10/12/05)

• Decreto Supremo Nº 28579 Reglamento Art. 44º Ley 1777 (17/01/06)

• Decreto Supremo Nº 28587 Modificación Art. 2º DEL RAAM (17/01/06)

• Decreto Supremo Nº 28592 Complementaciones y Modificaciones a Reglamentos Ambientales (Infracciones Administrativas y Sanciones) (17/01/06)

• Reglamento Ambiental Sector Industrial Manufacturero (Rasim) (D.S. 26736)

• Decreto Supremo Nº 26215 y Código de Comercio (Fundempresa)


LEYES DE INTERÉS Y

DISPOSICIONES CONEXAS


VIGENTES

• Ley 1551 Participación Popular (20/04/94)

• Ley Nº 1654 Descentralización Administrativa Departamental

• Ley Nº 1700 forestal y Reglamentos

• Ley Nº 3425 de Áridos (20/06/06)

• Ley Nº 12301 de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca

• Legislación Referida al Patrimonio Arqueológico

• Decreto Supremo Nº 24781 - 31/07/97 Reglamento General de Áreas Protegidas

• Ley Nº 1715 INRA (18/10/96)

• Ley Nº 3545 Modificaciones del INRA (28/11/06) Servidumbre Administrativa

• Legislación de Reconocimiento y Protección a Pueblos Indígenas

• Convenio 169 OIT Sobre Pueblos Indígenas (1989) Compensación e Indemnización por Actividades Mineras e Hidrocarburíferas.

Señaló que en el marco institucional lo componen el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), que son los tres OSC’s.

Citó a las instituciones públicas y privadas actuales:

• MHE – YPFB-Cámara Boliviana de Hidrocarburos – Agencia Nacional Hidrocarburos

• MMM - Consejo Nacional Minería

• Comibol - Sergeotecmin

• Empresa de Recursos Evaporíticos – Senarecom

• Jurisdicción Administrativa en Área Minera

• Faremin - Fofim - Empleomin

• Asociación Nacional Mineros Medianos

• Asociación Boliviana de Industriales Mineros

• Metalúrgicos y Comercializadores

• Canalmin - Fencomin - Fstmb

4. Leyes ambientales, Protocolo de Kioto y cumbres de la Tierra.

El Protocolo de Kioto Ley Internacional, pero insuficiente

 Diciembre 2009. Han transcurrido 17 años de negociaciones climáticas desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, pero la concentración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático no para de aumentar. El plan de Bali 2007 daba dos años para llegar en Copenhague a un acuerdo para ampliar el único tratado internacional que existe para frenar este fenómeno: el Protocolo de Kioto.

- ¿Qué es Kioto? El Protocolo de Kioto vio la luz en la ciudad japonesa que le da nombre en 1997. Su objetivo es reducir las emisiones globales de seis gases que causan el cambio climático, el CO2 entre ellos, en al menos un 5% con respecto a las de 1990 en el periodo 2008-2012. Hicieron falta cuatro años de intensas negociaciones para cerrar el texto legal que define las reglas de juego de este tratado internacional y hubo que esperar todavía a 2004 para contar con las ratificaciones suficientes para que entrara en vigor. Esto es, faltaba la de Estados Unidos, por entonces el mayor emisor de CO2 del mundo (ahora superado por China). El entonces presidente estadounidense George Bush se desentendió del tratado, y si salió adelante fue por el empeño de la UE. Era sólo un primer paso, pero ya se había convertido en un símbolo ambiental.

- ¿A qué países obliga a recortar emisiones? Este tratado internacional sólo ha obligado a reducir emisiones a los países industrializados, que son los que han causado el problema. Quedaban fuera Estados emergentes como China, India o Brasil. Cada país tiene un compromiso de reducción y la UE (entonces, de los Quince) repartió entre los diferentes miembros el esfuerzo para recortar de forma conjunta un 8% los gases. España acordó no aumentar sus emisiones más de un 15% con respecto a 1990. Sin embargo, según las últimas estimaciones, y tras la bajada del consumo por la crisis económica, ahora estará en torno al 34%, un porcentaje muy superior, que obliga al país a comprar derechos de emisión para poder cumplir. Paradójicamente, no han existido obligaciones de recortes para ninguno de los dos principales emisores de CO2 del mundo: China y EE UU, que juntos generan el 40% de las emisiones globales.

- ¿Cómo han evolucionado las emisiones? Lejos de disminuir, entre 2000 y 2008 la concentración de CO2 en la atmósfera ha seguido aumentando a un ritmo de 1,9 partes por millón (ppm) adicionales de media, según Global Carbon Project. El último informe de esta organización estima que en 2008 la concentración de CO2 había llegado ya a 385 ppm, un 38% más que al comienzo de la revolución industrial (280 ppm, en 1780). Ahora bien, Europa sí ha bajado sus emisiones, y más incluso que su objetivo conjunto del 8% marcado en Kioto. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, se espera que la UE alcance entre 2008 y 2012 una reducción total del 13%. Cinco países (Alemania, Francia, Grecia, Reino Unido y Suecia) ya han logrado bajar sus emisiones por encima de los objetivos y hay sólo un país del que se piensa que va a incumplir su reto: Austria.

- ¿Qué pasa ahora con Kioto? El primer periodo de compromiso del Protocolo termina en 2012. Copenhague buscaba un acuerdo que le diera continuidad. Además, en una línea de negociación paralela, se intentaba que también asuman compromisos de reducción los países con emisiones importantes que hasta ahora estaban fuera del Protocolo, como EE UU o China, para lograr una rebaja significativa, por debajo de los niveles considerados seguros para impedir catástrofes por el calentamiento terrestre. Desde la Cumbre de Bali de 2007 se habla de estabilizar la concentración de CO2 en la atmósfera en 450 ppm, lo que se estima que da un 50% de probabilidades de que la temperatura media del planeta no suba más de dos grados respecto al nivel preindustrial.

- ¿Por qué tanta prisa en Copenhague? Hace dos años, en Bali, se acordó el llamado Plan de Acción de Bali, que otorgaba dos años para aprobar un nuevo plan global con el que recortar las emisiones, asentado en cuatro pilares: mitigación (recorte de emisiones), adaptación (cómo afrontar los efectos ambientales que ya no pueden detenerse), tecnología y financiación. Ese plazo expiraba aquí en Copenhague. En el caso de los recortes de emisiones, en Bali también se propuso seguir las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), de forma que los países industrializados recortaran sus emisiones entre un 25% y un 40% en 2020 con respecto a 1990, esto no aparece en el pacto anunciado anoche. Todo esto es lo que tendría que haberse cerrado en Copenhague y se deja para los próximos meses. Todo debe estar en vigor en 2013.

La ley de la madre tierra

La proximidad de la COP16, que se va a llevar en Cancún, que forma parte de la serie de cumbres mundiales sobre el cambio climático, incide en una coyuntura particular, en una atmósfera especial, que coadyuva a tomar consciencia de la crisis ecológica y de la necesidad imperiosa de elaborar una normativa de defensa de los derechos de la madre tierra, los deberes para con la madre tierra, además de regular las relaciones armónicas entre las sociedades humanas y la multiplicidad de los seres que comparten los ecosistemas.

En lo que corresponde a la cumbre mundial de Cancún, se trata de la 16 ava reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la 6ª Conferencia de las Partes actuando como Reunión de los países del Protocolo de Kyoto. Se entiende por “Partes” aquellos Estados nacionales que firmaron y ratificaron esos dos tratados internacionales, obligándose a observar y cumplir su contenido en materia de cooperación internacional en contra del cambio climático. La Convención Marco cuenta con 194 estados parte y su Protocolo de Kyoto con 184 estados.

La Conferencia Mundial de Pueblos contra el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, llevada a cabo en Tiquipaya, Cochabamba, a la cual asistieron, además de gobiernos, movimientos sociales ecologistas y anticapitalista en contra de la crisis estructural del capitalismo y contra las causas estructurales de la crisis ecológica, fue la realización de la voluntad de los movimientos sociales que desenmascararon la hipocresía de las cumbres que hablan de compromisos de los estados para bajar las emisiones de gas de efecto invernadero, comprometiéndose a atender los efectos negativos del cambio climático.

Sin embargo, a pesar de haber firmado el protocolo de Kioto, las emisiones, lejos de disminuir han aumentado, por otra parte los países más contaminantes, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, no ha firmado el protocolo. Esta situación es una agravante teniendo en cuenta que como van las cosas, hay la probabilidad de que la temperatura global aumente 2 grados, con el peligro de desencadenar catástrofes ambientales.

La COP16 sólo ratificará planes de Copenhague en Cancún, lo que es insuficiente para atender las consecuencias del calentamiento global, del efecto invernadero, los efectos del cambio climático, mucho menos para atender la crisis ecológica, que comprende la degradación, la depredación, la deforestación, la contaminación múltiple de los ecosistemas. La COP16 ya es un fracaso por falta de voluntad de los países industrializados, ni siquiera quieren ratificar el protocolo de Kioto. Cómo se viene la cumbre va a ser un saludo a la bandera sin ningún resultado práctico.

En este contexto internacional, la posición del gobierno boliviano es pasar de pírrico compromiso de bajar las emisiones de gas de efecto invernadero del 6% a más del 50%, apuntando en un plazo mayor a bajar estas emisiones a una aproximación del 100%, para atender efectivamente el dramatismo del cambio climático y la aproximación de catástrofes ecológicas. La posición de los movimientos sociales, sobre todo de los movimientos indígenas, que asistirán también a Cancún como sociedad civil, es tomar definitivamente medidas radicales para atacar las causas estructurales de la crisis ecológica, esto es cambiar de modelo de desarrollo, cambiar el modelo capitalista, causante de la actual crisis ecológica, apuntando a un modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad, al desarrollo. Este modelo lleva el nombre del vivir bien.

En este contexto se ha desarrollado un proceso sugerente, por parte de las organizaciones sociales del Pacto de la Unidad, también por parte de la comisión mixta encargada del medio ambiente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Las organizaciones del Pacto de la Unidad, la CSUTCB, CNMCIOB “BS”, CSCIB, CONAMAQ y CIDOB, han trabajado durante más de nueve meses en 18 talleres, 15 territoriales y 3 en conjunto; primero para recoger las percepciones de las organizaciones de base y de las comunidades, después para unificar bajo un mismo formato los planteamientos de base sobre la normativa de la madre tierra.

Desde la perspectiva de los movimientos sociales este desarrollo colectivo de la ley es primordial en la perspectiva de la aplicación de la Constitución Política del Estado, pues se trata de cumplir con la democracia participativa, la democracia plural, que comprende la democracia directa, la democracia representativa y la democracia comunitaria, incluyendo el mandato constitucional de participación y control social, donde se plantea la construcción colectiva de la decisión política, la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la gestión pública.

Esta actitud es imprescindible por cuanto se propone la reconducción del proceso de cambio, del proceso de transformaciones, que apunta a la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La elaboración de la ley, el consenso en torno a la ley, entre el Pacto de la Unidad y la Asamblea Legislativa Plurinacional, viene a convertirse en uno de los acontecimientos constitucionales fundamentales, debido al carácter fundacional y matricial de la ley de la madre tierra.

¿Cuáles son las características del anteproyecto del Pacto de la unidad? En adelante vamos a describir y analizar los aspectos estructurales de la propuesta de las organizaciones sociales.

En primer lugar hay que atender al desplazamiento conceptual y a la ruptura epistemológica con las formaciones discursivas que toman como materia de enunciación la problemática ambiental. La madre tierra no se circunscribe a ninguna separación entre sociedad y naturaleza, cultura y naturaleza, tampoco trata como entorno a la naturaleza. La madre tierra no es un medio ambiente.

Pensar la madre tierra exige la incorporación de las cosmovisiones indígenas, que tienen una relación inmanente con los seres vivos, sus ciclos de reproducción, las interacciones e interconectividad, entrelazamientos de la variabilidad intensiva y continua de sus formas de expresión y sus formas de vida. La madre tierra es un ser complejo y múltiple que comprende la propia diversidad de las formas de vida y las formas de los seres, diversidad articulada e integrada a través de los ciclos de vida. La madre tierra también está conectada con la energía solar y la actividad cósmica, por ejemplo la actividad de los meteoritos y otras fuerzas del universo, del pluriverso, del cosmos.

En las cosmovisiones andinas se interpreta simbólicamente una relación dual entre el tata inti y la mama luna; la pachamama forma parte de esta dualidad complementaria. También se concibe la integralidad de los distintos-espacio tiempos, pacha, la alaxpacha, la akapacha, la mankapacha y todos los espacio tiempo, taqpacha. Asimismo podemos pensar la chacana como puente entre mundos, entre universos, la cruz del sur, la constelación de la mirada de la llama.

Todo tiene vida, está en movimiento, tiene voluntad propia; se trata de fuerzas inmanentes que mueven, transforman y dinamizan el cosmos. La madre tierra forma parte de esta cosmogénesis, es también el hogar de múltiples seres interactivos, de los ecosistemas, de la biodiversidad, los nichos y continentes ecológicos, los yacimientos, los estratos y sedimentos geológicos, la biosfera, la atmósfera.

También las teorías de la complejidad forman parte de la interpretación de la configuración de la madre tierra, teorías multidisciplinarias y con la interpretación del caos organizativo y creativo, concibiendo la ecología, los ecosistemas, la eco-evolución, la auto-organización y la eco-organización como formas de ciclos de vida auto-reproductivos y en constante devenir.

El diálogo y la traducción intercultural entre las cosmovisiones indígenas y las teorías de la complejidad sostienen la estructura y el tejido de un texto de transvaloración y de transformación normativa que busca defender los derechos de la madre tierra, exigir el cumplimiento de los deberes del Estado, de las sociedades, de las comunidades y de las personas para con la madre tierra, que busca normar las transformaciones institucionales que viabilicen la integración del Estado a la sociedad y de la sociedad en la naturaleza, logrando el equilibrio y la armonía entre las sociedades humanas y las sociedades no-humanas, entre los seres y los ecosistemas.

La ley de la madre tierra también concibe una comprensión y desprende una normativa dirigida a desplegar la gestión de la madre tierra, integrando los seres, componentes y bondades de la naturaleza. Esto se hace comprendiendo la historia ecológica de los seres y de los ecosistemas, la historia geológica de la energía y los minerales, poniendo especial atención en la función reproductiva de los bosques y de los suelos, que sostienen los distintos ciclos de vida, los ciclos del agua, los ciclos del aire, los ciclos complejos de la biodiversidad.

La ley de la madre tierra parte del derecho constitucional de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, establece la interacción normativa respecto al beneficio exclusivo de los “recursos naturales renovables” y la consulta previa en relación a los “recursos naturales no-renovables”, haciendo intervenir la participación y control social en la gestión ecológica, articulada a la corresponsabilidad en lo que respecta a la defensa de la madre tierra.